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Apartheid, el término jurídico que por fin define la realidad de Palestina

Naciones Unidas y un alto magistrado israelí han admitido en las últimas semanas que los crímenes cometidos por Israel son de lesa humanidad. “Las conclusiones del relator especial describen pormenorizadamente el sistema de opresión basado en motivos raciales establecido por Israel contra la población palestina”.

Ya se puede decir: Palestina sufre un apartheid. Lo que hasta ahora era evidente a ojos de que quienes viven en Cisjordania y Gaza, y de quienes visitan esas tierras fuera de los márgenes turísticos con al menos una pizca de empatía, ahora es una verdad asumida por los organismos que establecen los criterios de medición. El apartheid ya no es un adjetivo, es un hecho. Tal cual.

“Israel practica el apartheid en los territorios palestinos ocupados”, afirma en un reciente informe el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en territorio palestino, Michael Lynk. “Hoy existe en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 un sistema legal y político dual profundamente discriminatorio, que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos israelíes ilegales en Jerusalén Este y Cisjordania”, explica el relator, que también habla de muros y de puestos de control y que recuerda que tres millones de palestinos y palestinas “están sin derechos, viviendo bajo un régimen opresivo de discriminación institucional”. Sin olvidar que dos millones de personas viven en Gaza, “una prisión al aire libre”, en palabras de Lynk, sin acceso adecuado al agua, a la energía o a la salud.

A veces poner nombre a las cosas ayuda. Las dimensiona y las ofrece un marco contextual y analítico. Unos días antes de que se publicara el informe del relator, Lubnah Shomlai, integrante de la organización palestina de derechos humanos Badil, participó en un encuentro online con periodistas para hablar sobre nuevas narrativas, es decir, de la importancia de los conceptos usados para describir los hechos. “Israel ha cometido crímenes, hay mucha investigación e información, pero la terminología lo minimiza”, denunció Shomlai, quien también reconoció que cada vez se usa más el concepto “apartheid”. Un término que, por cierto, no es solo algo físico, aunque cueste creerlo al ver los puestos militares de control, los asentamientos de colonos en territorio palestino, el muro, las calles solo para israelíes en Hebrón o las carreteras solo para población israelí que cruzan Cisjordania. Hay situaciones que incluso se escapan de la lógica de la expulsión física, es todo más sutil.

La singularidad de Jerusalén

Budour Hassan es abogada del Centro de Derechos Humanos de Jerusalén y habla de “la burocracia de la represión”, esa que dice no siempre es visible y es más difícil de conocer que la violencia visible, “porque es la cotidiana que afecta a la vida diaria; solo se sabe cuando se habla con la gente”. La abogada explica los problemas de residencia para la población palestina de Jerusalén, residentes permanentes y no ciudadanía en el vocabulario de Israel. Estas triquiñuelas léxicas hacen que el Gobierno pueda reubicar su residencia, a pesar de que la ciudad siempre ha tenido un régimen jurídico especial. “Más de 14.000 fueron reubicados en 50 años: a gente nacida y crecida de repente les dicen que no son legales en su ciudad”, cuenta la jurista en un perfecto castellano, aprendido escuchando partidos de fútbol y baloncesto.

Otro ejemplo de esa burocracia represiva de la que habla Hassan es que si alguien se va siete años fuera de Jerusalén ya no puede volver a tener su residencia en esta ciudad clave. La reubicación punitiva es otro más de los mecanismos que describe la abogada. “La existencia de los palestinos en Jerusalén es muy vulnerable porque están bajo riesgo cotidiano de perder su derecho de residencia, su ciudad”, continúa Hassan, que no deja de nombrar técnicas burocráticas de exclusión, de ingeniería demográfica. “Si tu marido es de Cisjordania y tienes una criatura, es muy difícil registrar a tu bebé. Este trámite mundano puede durar cinco años y la familia no puede vivir junta en Jerusalén”, cuenta deprisa, como si lo que narra no fuera una absoluta barbaridad propia de novelas o series de televisión distópicas, esas que hay que leer o ver con atención. “La ocupación fragmenta a las familias, que viven una pesadilla cotidiana solo para sobrevivir. El objetivo no es vivir una buena vida, es sobrevivir. El derecho a sobrevivir no está garantizado”, afirma la jurista, que ayuda a vecinas y vecinos de Jerusalén a no perder su residencia, a registrar a los niños y niñas y a proteger las casas de la demolición.

Ya fuera de la oficina de Budour Hassan, un paseo por las calles de Jerusalén imprime una postal de la absoluta desigualdad cotidiana, la de junio de 2018: barrios de población palestina abandonados y sin inversión pública, en donde ni siquiera se dan licencias de obras para reformas de casas frente a otras zonas perfectamente equipadas. “En los viajes turísticos organizados por Israel la ocupación no existe. Hay dos mundos en Jerusalén. Apartheid no es sólo una palabra, es una realidad”, describía.

Un crimen de lesa humanidad

En 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el apartheid como crimen de lesa humanidad, postura reiterada por el Consejo de Seguridad en 1984. Entre ambas fechas, concretamente en 1973, se aprobó la Convención sobre el Apartheid, que denuncia que las políticas de segregación y discriminación racial son crímenes internacionales. Esta Convención recoge que el crimen de apartheid incluye “actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente”, tal como narra John Dugard, experto en Derecho Internacional y profesor en varias universidades, en un documento de Naciones Unidas.

Siguiendo el marco conceptual establecido hace 50 años, hace apenas unas semanas el relator especial Michael Lynk dijo también que un régimen político que prioriza de manera tan intencional y clara los derechos políticos, legales y sociales de un grupo sobre otro dentro de un mismo espacio geográfico, sobre la base de la identidad racial, nacional y étnica, se corresponde con la definición legal de apartheid.

Desde Amnistía Internacional aplauden este novedoso posicionamiento. “Las conclusiones del relator especial describen pormenorizadamente el sistema de opresión basado en motivos raciales establecido por Israel contra la población palestina, expresamente concebido para mantener la dominación israelí judía y sostenido mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, ha afirmado el director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Saleh Higazi. Incluso Michael Ben-Yair, ex fiscal general de Israel y magistrado de su Tribunal Supremo, ha asumido esta realidad en una tribuna de opinión publicada en El País: “Debo concluir con enorme tristeza que mi país se ha hundido en un abismo moral y político tal, que en estos momentos es un régimen de apartheid. Es hora de que la comunidad internacional reconozca esta realidad”.

Amnistía Internacional también ha publicado un informe este año para posicionarse claramente y asumir que lo que sucede en Palestina es un apartheid, sin peros ni eufemismos. “Israel ha impuesto un sistema de opresión y dominación de la población palestina (…) La segregación se lleva a cabo de una forma sistemática y muy institucionalizada mediante leyes, políticas y prácticas, todas ellas concebidas para impedir que la población palestina reclame los mismos derechos que la población israelí judía dentro de Israel y los territorios palestinos ocupados y disfrute de ellos y, por tanto, con la intención de oprimir y dominar al pueblo palestino”, recoge el estudio titulado ‘El apartheid israelí contra la población palestina’.

Intento de división

Los diferentes mecanismos utilizados hacen que la situación del pueblo palestino no sea uniforme. “Hay una jerarquía de opresión: lo de Gaza es peor que lo de Cisjordania, Cisjordania es peor que Jerusalén, Jerusalén es peor que Nazaret. Todos estamos bajo ocupación, pero la manifestación de la opresión es diversa. Es muy importante saber que hay diferencias, pero la motivación es única y uno de los objetivos de la ocupación es dividir a la población y convencernos de que hay gente mejor y peor para así evitar la unión de la lucha contra la ocupación”, explicaba Hassan en 2018. La abogada treintañera se considera una privilegiada porque, al nacer en Nazaret, población que forma parte del Estado de Israel desde 1948, tiene un pasaporte israelí que la permite libertad de movimientos.

El apartheid tiene diversas consecuencias para Lubnah Shomlai. Por un lado, habla de “desnacionalización”, es decir, de mantener a la población palestina como un pueblo sin estado; también de marginación democrática, de denegación del derecho al retorno, de la negativa al acceso y uso de la tierra; y, finalmente, de segregación, fragmentación y aislamiento. “Se trata de generar una desconexión que hace que se pierda la identidad como grupo o como pueblo y así se anula nuestro derecho a la autodeterminación. Israel trata de desgastar la identidad palestina”, relata.

* Artículo elaborado para el proyecto “Una mirada a la construcción de acciones transformadoras”, con la colaboración de AEXCID – Junta de Extremadura.

El Tribunal Supremo se pronuncia en contra de exponer el papel de Israel en el genocidio de Bosnia

Citando el daño potencial a las relaciones exteriores de Israel, la Corte Suprema rechaza una petición que pide que se revelen los detalles de las exportaciones de armas del gobierno al ejército serbio durante el genocidio de Bosnia.

La Corte Suprema de Israel rechazó el mes pasado una petición para revelar detalles de las exportaciones de armas israelíes a la ex Yugoslavia durante el genocidio en Bosnia en los años 90. El tribunal dictaminó que exponer la participación israelí en el genocidio dañaría las relaciones exteriores del país hasta tal punto que superaría el interés público de conocer esa información y el posible enjuiciamiento de los implicados.

Los peticionarios, el abogado Itay Mack y el profesor Yair Oron, presentaron al tribunal pruebas concretas de las exportaciones de armas de la defensa israelí a las fuerzas serbias en ese momento, incluido el entrenamiento, así como las municiones y los fusiles. Entre otras cosas, presentaron el diario personal del general Ratko Mladić, que actualmente está siendo juzgado en la Corte Internacional de Justicia por la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El diario de Mladić menciona explícitamente los amplios vínculos armamentísticos de Serbia con Israel en ese momento.

Las exportaciones tuvieron lugar mucho después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impusiera un embargo de armas a varias partes de la antigua Yugoslavia, y después de la publicación de una serie de testimonios que exponían el genocidio y la creación de campos de concentración.

La respuesta del Fiscal del Estado israelí y el rechazo de la petición por parte del tribunal son una admisión de facto por parte de Israel de que cooperó con el genocidio bosnio: si el gobierno no tuviera nada que ocultar, los documentos en discusión no supondrían ninguna amenaza para las relaciones exteriores.

Los más horribles actos de crueldad desde el Holocausto

Entre 1991 y 1995 la ex Yugoslavia se hizo añicos, pasando de ser una república multinacional a un conjunto de naciones que luchaban entre sí en una sangrienta guerra civil que incluía masacres y finalmente genocidio.

Los serbios hicieron la guerra contra Croacia de 1991-1992, y contra Bosnia de 1992-1995. En ambas guerras los serbios cometieron genocidio y limpieza étnica de los musulmanes en las zonas que ocupaban, lo que provocó la muerte de 250.000 personas. Decenas de miles de personas resultaron heridas y murieron de hambre, una multitud de mujeres fueron violadas y muchas personas fueron encarceladas en campos de concentración. Otras partes en el conflicto también cometieron crímenes de guerra, pero la petición se centra en la colaboración de Israel con las fuerzas serbias. Los horrendos y crueles actos en Yugoslavia fueron los peores que Europa había visto desde el Holocausto.

Una de las masacres más notorias fue perpetrada por soldados que servían bajo el mando del general serbio Ratko Mladić en los alrededores de la ciudad de Srebrenica en julio de 1995. Las fuerzas serbias comandadas por el general asesinaron a unos 8.000 bosnios y los enterraron en fosas comunes en el curso de una campaña de limpieza étnica que estaban llevando a cabo contra los musulmanes de la zona. Aunque se suponía que la ciudad estaba bajo la protección de la ONU, cuando comenzó la masacre, las tropas de la ONU no intervinieron. Mladić fue extraditado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2012, y todavía está siendo juzgado.

En ese momento, destacadas organizaciones judías pedían el fin inmediato del genocidio y el cierre de los campos de exterminio. No así el Estado de Israel. Exteriormente, condenó la masacre, pero entre bastidores estaba suministrando armas a los perpetradores y entrenando a sus tropas.

El abogado Mack y el profesor Oron han reunido numerosos testimonios sobre el suministro de armas israelíes a Serbia, que presentaron en su petición. Aportaron pruebas de que esas exportaciones tuvieron lugar mucho después de que el embargo del Consejo de Seguridad de la ONU entrara en vigor en septiembre de 1991. Los testimonios han sido cotejados y se traen aquí tal como se presentaron en la petición, con las abreviaturas necesarias.

En 1992, una exfuncionaria de alto nivel del Ministerio de Defensa serbio publicó un libro, The Serbian Army, en el que escribió sobre el acuerdo de armas entre Israel y Serbia, firmado aproximadamente un mes después del embargo: «Uno de los mayores acuerdos se realizó en octubre de 1991. Por razones obvias, el acuerdo con los judíos no se hizo público en ese momento.»

Un israelí que trabajaba como voluntario en una organización humanitaria en Bosnia en ese momento testificó que en 1994 un oficial de las Naciones Unidas le pidió que mirara los restos de un proyectil de 120 mm -con escritura hebrea en él- que explotó en la pista de aterrizaje del aeródromo de Sarajevo. También testificó que vio a serbios moviéndose por Bosnia llevando armas Uzi fabricadas en Israel.

En 1995 se informó de que los traficantes de armas israelíes, en colaboración con los franceses, cerraron un trato para suministrar a Serbia misiles LAW. Según informes de 1992, una delegación del Ministerio de Defensa israelí vino a Belgrado y firmó un acuerdo para suministrar proyectiles.

El mismo General Mladić que ahora está siendo procesado por crímenes de guerra y genocidio, escribió en su diario que «desde Israel – propusieron la lucha conjunta contra los extremistas islamistas. Ofrecieron entrenar a nuestros hombres en Grecia y un suministro gratuito de rifles de francotirador.» Un informe preparado a petición del gobierno holandés sobre la investigación de los acontecimientos de Srebrenica contiene lo siguiente: «Belgrado consideraba a Israel, Rusia y Grecia sus mejores amigos. En otoño de 1991 Serbia cerró un acuerdo secreto de armas con Israel».

En 1995 se informó de que los traficantes de armas israelíes suministraron armas al VRS, el ejército de la República Srpska, el ejército de los serbios de Bosnia. Este suministro debe haber sido hecho con el conocimiento del gobierno israelí.

Los serbios no fueron la única parte en esta guerra a la que los traficantes de armas israelíes trataron de vender armas. Según los informes, también hubo un intento de hacer un trato con el régimen antisemita croata, que finalmente fracasó. La petición también presentaba informes de activistas de derechos humanos sobre el entrenamiento del ejército serbio por parte de los israelíes, y que el trato de armas con los serbios permitió a los judíos salir de Sarajevo, que estaba sitiada.

Mientras todo esto ocurría en relativo secreto, a nivel público el gobierno de Israel expresó lamentablemente sus dudas sobre la situación, como si se tratara de un caso de fuerza mayor y no de una masacre provocada por el hombre. En julio de 1994, el entonces Presidente del Comité de Relaciones Exteriores y Defensa del Knesset israelí, MK Ori Or, visitó Belgrado y dijo: «Nuestra memoria está viva. Sabemos lo que significa vivir con boicots. Cada resolución de la ONU contra nosotros ha sido tomada con una mayoría de dos tercios». Ese año, el entonces vicepresidente de los EE.UU., Al Gore, convocó al embajador israelí y advirtió a Israel que desistiera de esta cooperación.

Por cierto, en 2013 Israel no tuvo problemas en extraditar a Bosnia-Herzegovina a un ciudadano que había inmigrado a Israel siete años antes y que era buscado por sospecha de participación en una masacre en Bosnia en 1995. En otras palabras, en algún momento el propio Estado reconoció la gravedad de la cuestión.

El Tribunal Supremo al servicio de los crímenes de guerra

La sesión del Tribunal Supremo sobre la respuesta del Estado a la petición se celebró ex parte, es decir, no se permitió a los peticionarios escucharla. Los jueces Danziger, Mazouz y Fogelman rechazaron la petición y aceptaron la posición del Estado de que revelar los detalles de las exportaciones de defensa israelíes a Serbia durante el genocidio perjudicaría las relaciones exteriores y la seguridad de Israel, y que este daño potencial excede el interés público en exponer lo sucedido.

Esta decisión es peligrosa por varias razones. En primer lugar, la aceptación por parte del tribunal de la certeza del Estado sobre el daño que causaría a las relaciones exteriores de Israel es desconcertante. A principios de este año, la misma Corte Suprema rechazó una demanda similar sobre las exportaciones de defensa durante el genocidio de Ruanda, pero un mes después el propio estado declaró que las exportaciones se detuvieron seis días después de que comenzara la matanza. Si ni siquiera el estado ve ningún daño en revelar – al menos parcialmente – esta información sobre Ruanda, ¿por qué se impuso una mordaza radical sobre el tema un mes antes? ¿Por qué los jueces del Tribunal Supremo pasaron por alto este engaño e incluso se negaron a aceptarlo como prueba, tal como solicitaron los demandantes? Después de todo, el Estado ha exagerado obviamente en su afirmación de que esta información sería perjudicial para las relaciones exteriores.

En segundo lugar, es de gran interés para el público exponer la participación del Estado en el genocidio, incluso a través de los traficantes de armas, en particular como Estado que fue fundado sobre la devastación de su pueblo tras el Holocausto. Por esta razón, Israel, por ejemplo, estaba dispuesto a hacer caso omiso de la soberanía de la Argentina cuando secuestró a Eichmann y lo llevó a juicio en su propio territorio. Esto no solo interesa a los israelíes, sino también a los que fueron víctimas del Holocausto. Cuando el tribunal considera los crímenes de guerra, es apropiado que considere también sus intereses.

Cuando el tribunal dictamina en casos de genocidio que el daño a la seguridad del Estado -que sigue sin estar demostrado en absoluto- prevalece sobre la búsqueda de justicia para las víctimas de esos crímenes, está enviando un mensaje claro: que el derecho del Estado a la seguridad, ya sea real o imaginario, es absoluto y tiene prioridad sobre los derechos de sus ciudadanos y de otras personas.

El fallo del Tribunal Supremo podría llevar a la conclusión de que cuanto mayor es el delito, más fácil es ocultarlo. Cuantas más armas se vendan y cuantos más autores de genocidio se formen, mayor será el daño a las relaciones exteriores y a la seguridad del Estado en caso de que esos delitos queden expuestos, y el peso de ese supuesto daño prevalecerá necesariamente sobre el interés público. Esto es inaceptable. Convierte a los jueces – como lo han dicho los peticionarios – en cómplices. Así pues, los jueces también hacen cómplice a un público israelí involuntario de los crímenes de guerra y le niegan el derecho democrático de llevar a cabo el debate pertinente.

El Estado se enfrenta a una serie de peticiones similares en relación con su colaboración con los asesinos de la Junta Argentina, el régimen de Pinochet en Chile y Sri Lanka. El abogado Mack tiene la intención de presentar casos adicionales a finales de este año. Incluso si es del interés del estado rechazar estas peticiones, la Corte Suprema debe dejar de ayudar a ocultar estos crímenes, si no es para procesar a los autores de las atrocidades del pasado, al menos para ponerles fin en nuestro tiempo.

El coronavirus y Gaza vulnerable

La pandemia por el coronavirus ya ha llegado a Palestina. El 25 de marzo se ha confirmado el primer fallecimiento en Cisjordania. Gaza está en peligro por las condiciones de vida y la falta de camas hospitalarias.

Las cárceles de California están liberando presos por miedo a que las condiciones saturadas de las penitenciarías pudieran mostrarse como caldos de cultivo letales para el nuevo coronavirus.

Hay dos millones de presos, la mayoría no adultos, sin embargo, a los que no se les dejará salir de presión a pesar de los peligros de las inadecuadas instalaciones sanitarias sobresaturadas y dictadas desde el exterior. Son el pueblo de la Franja de Gaza palestina, con una población de tamaño similar a Houston.

AFP informa que los dos millones de palestinos de Gaza sólo tienen 60 o UCI o camas de cuidados intensivos, y no todas ellas son funcionales. El bloqueo israelí, que no permite la importación de muchos productos clave, ha devastado el sistema sanitario en la franja. En Palestina en general, hay sólo 1,2 camas de hospital por cada mil personas. Comparemos con Alemania, con 8,3 camas por cada mil personas.

Las estadísticas de salud ya son malas en la franja. Los niños sufren de mala nutrición. Su único acuífero está contaminado y el agua del mar se está filtrando, así que el 90% del agua es no potable.

Las cárceles de California serían el paraíso en comparación con una Franja de Gaza destrozada por el covid-19.

Jamal al-Khudari, dirigente de Palestinos contra el asedio, ha demandado que el bloqueo israelí contra la franja se levante y que la Agencia de la ONU de Socorro y Obras Públicas, que proporciona ayuda médica y educativa a los palestinos, vuelva a ser financiada por EE UU (Trump cortó la financiación de la organización).

Debido a que los israelíes destruyeron el aeropuerto de Gaza y no dejan funcionar su puerto, y restringen los viajes terrestres fuera de la franja, Gaza está bastante aislada y todavía no ha informado de ningún caso del virus [desde el momento de traducción de este artículo, la autoridad palestina ha confirmado el primer caso de fallecimiento por coronavirus en Cisjordania]. La gente se las arregla para viajar dentro y fuera de la franja, sin embargo, a través de los controles israelíes o egipcios, y es probable que en cierto momento alguien traiga el covid19.

La autoridad sanitaria palestina ha puesto a 637 personas que volvieron recientemente del extranjero bajo una cuarentena de dos semanas. Sus responsables dicen que no se ha informado de ningún caso de covid19 en la franja. Pero con cientos de repatriados, hay un peligro de que su cuarentena sea parcial y de que algunos sean portadores, quizá incluso asintomáticos. La gente vive en familias extensas en condiciones de saturación, así que no estoy seguro de en qué consistiría una “cuarentena”.

Las autoridades palestinas de Cisjordania han anunciado 36 casos de coronavirus en Belén.

La Organización Mundial de la Salud informa: “La esperanza de vida para los palestinos en los territorios ocupados palestinos era de 73,8 años en 2017. El mismo año, se informó de que la mortalidad infantil para los palestinos en Cisjordania en Cisjordania y la Franja de Gaza fue de 10,7 por mil nacimientos y la mortalidad por debajo de cinco años fue de 12,1 por mil. Existen desigualdades sanitarias, con peores indicadores de salud para algunas poblaciones, como las del Área C de Cisjordania y la Franja de Gaza, comparados con la media palestina. Por ejemplo, se descubrió que las tasas de retraso en el crecimiento de los niños palestinos que viven en el Valle del Jordán de Cisjordania eran del 23% en las comunidades beduinas, comparado con el 10% en los pueblos y el 9% en los campos de refugiados de ACNUR. También hay desigualdades de salud entre la población palestina y los 611.000 colonos israelíes en Cisjordania. La esperanza de vida en el nacimiento en Israel, que incluye a la población de colonos en Cisjordania, es aproximadamente de nueve años más que la de los palestinos que viven en el mismo territorio, el mismo año”.

No me suena prometedor.

Gaza había sido un próspero centro agrícola y de negocios en el siglo XIX, conectado con Egipto y Levante. Desde 1967 ha sido una colonia israelí. Desde 2007 Israel, la potencia ocupante, ha puesto a sus habitantes bajo un bloqueo ilegal (ilegal porque bajo las Convenciones de Ginebra los ocupantes no pueden cambiar de forma sustancial las formas de vida de los civiles no combatientes). Este paso vino porque el partido fundamentalista Hamás ganó las elecciones de 2006 patrocinadas por EE UU e Israel. Al año siguiente EEUU e Israel intentaron anular los resultados conspirando con un golpe de Estado en Cisjordania, que logró llevar al poder a la secular OLP. Pero el intento de golpe fracasó en Gaza, donde Hamás conservó el poder. La mayoría de los periodistas occidentales cuentan esta historia al revés, acusando a Hamás de “tomar el poder”.

Las autoridades israelíes apuntan de forma propagandística a los miles de pequeños cohetes caseros que han atacado Israel desde Gaza en los últimos 13 años, pero no mencionan que sólo un puñado de ellos alcanzaron nada. Toda vida es preciosa, y los 27 israelíes asesinados por esos cohetes de 2004 a 2014 son víctimas de crímenes de guerra por parte de grupos palestinos (Hamás es sólo uno). Pero los israelíes en ese período asesinó a miles de palestinos en Gaza.

Btselem descubrió que desde 2000 a 2014 Israel asesinó 7.065 palestinos (incluyendo Cisjordania), aunque los palestinos fueron responsables de cerca de una séptima parte de ese número de muertes israelíes. En los últimos dos años, francotiradores israelíes han estado derribando manifestantes palestinos en Gaza como a peces en un barril, matando más de 200 (incluyendo niños, mujeres, periodistas y médicos, y manifestantes desarmados), e hiriendo a miles.

Además, si este conflicto se enmarca en la historia, se descubre que el 70% de las familias de Gaza fueron expulsadas de sus hogares en lo que ahora es el sur de Israel, para vivir en escuálidos campos de refugiados. Muchos podrían volver a casa si no estuvieran enjaulados por los israelíes que les robaron su propiedad sin darles ninguna compensación.

El desarrollo de Gaza ha sido revertido por los israelíes, que han elaborado complejas vías para negar a los palestinos de allí una calidad de vida humana sin provocar una hambruna letal que atraería la condena global. En un momento dado el Ejército israelí incluso calculó cuántas calorías harían falta para mantener a los palestinos con apenas vida, y planearon dejar entrar sólo esa cantidad de comida. No se permitiría chocolate para los niños. En una ocasión estaba hablando con un judío estadounidense liberal y le expliqué este crimen de guerra, y el individuo se enfadó conmigo. “Quieren matarnos”, dijo esta persona. “¿Por qué deberían tener su comida?”. Me sorprendió la vehemencia. Era alguien a quien realmente importaba la ocupación de Iraq por Bush, pero no podía ver el parecido con la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza.

Por supuesto, ya que la mayor parte de la gente en Gaza son niños, en realidad no están intentando matar a nadie. Hay militantes en Gaza, pero según el derecho internacional no puedes tratar con militantes mediante el castigo a toda una población civil y no combatiente.

Si la pandemia golpea Gaza y los israelíes continúan su bloqueo, eso será otro crimen de guerra más sobre el pueblo palestino.

Occupation 101

«Ocupación 101» presenta un análisis sistemático de los hechos y de las verdades escondidas que rodean la Guerra de Ocupación que libra el régimen sionista en contra del derecho de descolonización que libra Palestina, y devela muchos de los mitos y concepciones erróneas asumidos por largo tiempo. La película también detalla la vida bajo el régimen militar sionista, el papel de EEUU en el conflicto y los principales obstáculos que impiden una paz duradera y viable.Todos hemos oído hablar mucho, en las calles y locales, sobre el infierno de tierra santa, todos sufren mucho, todos sangran (unos más que otros, claro) pero… ¿Hay de cierto y con rotunda seguridad, qué sabes?

¿No crees aveces, que todo en lo que crees (o hablas), porque has oído, te han dicho, o has leído…, es igual a no creer en nada? a no saber nada?

Pues esta era mi situación antes de ver este mordaz y emocionalmente intransigente documental. El magno puzzle del conflicto palestino-israelí que tengo en la cabeza ahora, es infinitamente más completo.

Este documento de la humanidad es una pieza imprescindible para atar cabos, desmentir tantos rumores e incongruencias, e incluso para hallar conexiones inesperadas sobre la auténtica política que rige en la actualidad, esa política que no se practica en los congresos, sino en reuniones privadas sin medios de comunicación que las presencien…, esa política, no de los gobiernos, sino de las manos que subyugan los gobiernos.

Ocupación 101 no trata sobre la globalización, pero sí que de él, se puede extraer mucho jugo, información que fomentará una visión más amplia sobre el «estado global humano», te dará respuestas, y creará nuevas preguntas, y seguramente, en algún momento, vas a llorar.

Al Nakba (Parte 2)

Segunda parte del documental Al Nakba. Un documental sobre la «catástrofe» palestina de 1948 que llevó a la desposesión y el conflicto que todavía perdura.

El documental Al Nakba fue creado por la cadena de television Al Jazeera y esta dividido en varios capítulos distribuidos en 2 DVD, el documental completo dura aproximadamente 200 minutos. Fue transmitido por primera vez en el 60 aniversario de la catástrofe palestina en el 2008. Fue traducido al Inglés en el 2009 y en cuatro idiomas: francés, alemán, español e italiano.

Al Nakba ganó el premio al mejor documental largometraje sobre Palestina en el 5º festival internacional de Cine en Doha, Qatar de Al Jazeera y el premio del público en el 9º Festival Amal de Cine Euro-Árabe de Santiago, España. Ha participado en otros festivales de cine en Brasil, Argentina, Italia, Jordania, Egipto y Palestina.

Participan del documental historiadores de renombre de distintas nacionalidades, inclusive algunos historiadores de Israel. Se han juntado piezas de vídeo de la época que han servido de evidencias históricas. Las investigaciones sobre los hechos han sido investigadas a los detalles, haciendo de este documental el más preciso y completo de todos los tiempos sobre la colonización de Palestina por parte del régimen sionista.

Israel no tiene derecho a la autodefensa contra Gaza

Desde que comenzaron las manifestaciones, en su inmensa mayoría no violentas, en Gaza el 30 de marzo de 2018, la comunidad internacional ha condenado enérgicamente los ataques armados de Israel: una resolución de la Asamblea General de la ONU «deplora el uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes contra la población civil palestina», mientras que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció el «uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de Israel». Después de que francotiradores israelíes mataran a Razan al-Najjar, una paramédica palestina desarmada de veintiún años de edad, el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz de Oriente Medio advirtió a Israel que «necesita calibrar su uso de la fuerza». En un informe devastador, Human Rights Watch concluyó que «el uso repetido de fuerza letal por parte de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza… contra manifestantes que no representaban una amenaza inminente para la vida puede constituir un crimen de guerra».

Aunque estas condenas son bienvenidas, la cuestión sigue siendo si son suficientes. En pocas palabras, ¿tiene Israel derecho a utilizar la fuerza bajo cualquier circunstancia contra el pueblo de Gaza?

El debate jurídico actual se ha centrado en un par de cuestiones interrelacionadas:

  • ¿Recurrieron los francotiradores israelíes a una fuerza «excesiva» o «desproporcionada» contra los manifestantes (como alegan los críticos), o fue necesaria la cantidad de fuerza que desplegaron para impedir que los manifestantes rompieran la valla perimetral (como alega Israel)?
  • ¿La conducta de Israel hacia las protestas de Gaza se rige por las leyes de derechos humanos (como alegan los críticos) o por el derecho internacional humanitario (como alega Israel)? El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que las normas de derechos humanos regulan la aplicación de la legislación nacional. La diferencia es importante, ya que las normas de derechos humanos imponen limitaciones más estrictas al uso de la fuerza.

Todas las partes en estas dos controversias parten de una premisa común: que Israel tiene derecho a utilizar la fuerza para impedir que los habitantes de Gaza rompan la valla. La disputa se reduce a: ¿cuánto? Los críticos que alegan una fuerza «desproporcionada» o «excesiva» legitiman tácitamente el uso por parte de Israel de una fuerza «proporcionada» o «moderada», mientras que los que insisten en la aplicabilidad de las normas de derechos humanos reconocen que el recurso de Israel a la fuerza es legítimo si los manifestantes representan una «amenaza inminente» para la vida de un francotirador.

Esta presunción se mantiene incluso en el polo más crítico del debate sobre Gaza. El grupo israelí de derechos humanos B’Tselem condena como «ilegal» el recurso de Israel al uso de la fuerza letal contra personas desarmadas «que se acerquen a la valla, la dañen o intenten cruzarla». Pero admitió que » obviamente, a los militares se les permite prevenir tales acciones, e incluso detener a las personas que intentan llevarlas a cabo». Un alto funcionario de Human Rights Watch argumentó que el uso de munición real por parte de Israel en Gaza era «ilegal». Pero sugirió que «los medios no letales, como el gas lacrimógeno, el agua sucia y los perdigones de acero recubiertos de goma» habrían pasado la prueba legal. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió a Israel que «la fuerza letal sólo puede utilizarse como último recurso y cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida». Incluso las principales organizaciones palestinas de derechos humanos caracterizaron el uso de la fuerza por parte de Israel como «excesivo», «indiscriminado» y «desproporcionado» en lugar de ser intrínsecamente ilegal.

Pero el hecho es que Israel no puede reclamar el derecho a usar cualquier fuerza en Gaza, ya sea moderada o excesiva, proporcionada o desproporcionada; ya sea que los manifestantes estén desarmados o armados, no lo estén o representen una amenaza inminente para la vida. Si parece lo contrario, es porque el debate actual ignora las advertencias críticas del derecho internacional y se abstrae de la situación específica de Gaza.

Lo que dice el derecho internacional

Para justificar el uso de la fuerza en Gaza, Israel reivindica el derecho a impedir la entrada de extranjeros en su territorio soberano. Un comentarista jurídico israelí observa que esta supuesta preocupación por la santidad de la «frontera» de Gaza es oportunamente selectiva. Israel invade Gaza a voluntad; sólo cuando los palestinos intentan cruzar en la otra dirección, la valla se convierte en sacrosanta. Dejando de lado esta hipocresía, el supuesto derecho de Israel a la autodefensa carece todavía de base legal. Por el contrario, el recurso de Israel a la fuerza contraviene el derecho internacional.

El pueblo palestino en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y Gaza, está luchando por alcanzar su «derecho a la autodeterminación», validado internacionalmente (Corte Internacional de Justicia). Como señala James Crawford, el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza militar «por una potencia administradora para reprimir la insurrección popular generalizada en una unidad de autodeterminación», mientras que «el uso de la fuerza por parte de una entidad no estatal en el ejercicio de un derecho a la autodeterminación es jurídicamente neutro, es decir, no está regulado por el derecho internacional en absoluto».

Los manifestantes de Gaza han optado por la no violencia en la búsqueda de sus derechos validados internacionalmente, una táctica que, por supuesto, el derecho internacional tampoco prohíbe. Pero esta decisión prudencial no es un requisito legal. Incluso si los habitantes de Gaza optaran por utilizar armas contra francotiradores israelíes que obstruyen su derecho a la libre determinación, el recurso de Israel a la fuerza militar seguiría estando legalmente prohibido.

La asignación de derechos y obligaciones en el discurso occidental estándar -que otorga efectivamente a Israel el derecho a utilizar la fuerza violenta en defensa propia contra los habitantes de Gaza, aun cuando obliga al pueblo de Gaza a librar sin violencia su lucha por la autodeterminación- da un vuelco al derecho internacional.

Cabe objetar que, en la medida en que Israel es un ocupante beligerante en Gaza, tiene derecho, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, a utilizar la fuerza para mantener el orden público. Pero esta objeción se basa en tres argumentos.

En primer lugar, el Cuarto Convenio de Ginebra obliga a un ocupante beligerante a mantener y garantizar el bienestar de la población ocupada. De hecho, la «Protección de las personas civiles en tiempo de guerra» es la razón de ser de la Convención. Israel, sin embargo, ha sometido a la población civil de Gaza a un prolongado asedio que equivale a un «castigo colectivo» ilegal, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que ha hecho que Gaza sea físicamente «inhabitable», según la ONU. El Cuarto Convenio de Ginebra no apoya el derecho de Israel a preservar el orden en Gaza, incluso cuando viola flagrantemente su obligación complementaria de proteger el bienestar de la población civil de Gaza. De hecho, el desorden que Israel reclama el derecho a reprimir directamente se deriva del bloqueo criminal que ha impuesto.

En segundo lugar, aunque Israel calificara de ocupante beligerante en Gaza, el derecho de un pueblo a la libre determinación es una norma imperativa (jus cogens) del derecho internacional que no admite derogación. Si, como en este caso, la ley de la ocupación beligerante se superpone con el derecho a la libre determinación, entonces el derecho de Gaza a la libre determinación prevalece sobre el derecho de Israel a mantener el orden; y si, como en este caso, la lucha por la libre determinación se libra sin violencia, entonces el supuesto derecho de Israel a utilizar la fuerza armada para mantener el orden está manifiestamente infundado.

En tercer lugar, de hecho, la ocupación de Gaza por parte de Israel se ha convertido en ilegal y, en consecuencia, ha perdido sus derechos como ocupante beligerante. La Corte Internacional de Justicia dictaminó en 1971 que, como Sudáfrica se había negado a celebrar negociaciones de buena fe para poner fin a su ocupación de Namibia, esa ocupación se había convertido en ilegal. El hecho de que Israel se haya negado durante más de medio siglo a celebrar negociaciones de buena fe sobre la base del derecho internacional para retirarse de la Ribera Occidental, incluida Jerusalén oriental, y de que Gaza también haya deslegitimado su ocupación.

También hay otra dimensión legal crítica que ha sido ignorada. Es un principio fundamental del derecho internacional que ningún Estado puede recurrir a medidas enérgicas a menos que se hayan agotado los «medios pacíficos» (Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2). Este principio es tan sagrado para el estado de derecho como el análogo juramento hipocrático, primum non nocere (primero, no hacer daño), lo es para la medicina. El impulso detrás de las protestas en la valla perimetral de Gaza es el asedio ilegal de Israel, y su objetivo es ponerle fin. Incluso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu concedió: «Se están asfixiando económicamente, y por lo tanto, decidieron estrellarse contra la valla.»

Si Israel quiere proteger su frontera, no necesita recurrir a la coerción letal o no letal. Sólo tiene que levantar el asedio. El equipo A del presidente estadounidense Donald Trump sobre la diplomacia en Oriente Medio -el yerno Jared Kushner, el ex abogado de quiebras David Friedman, el ex asesor jurídico de la Organización Trump Jason Greenblatt y el ex gobernador de Carolina del Sur Nikki Haley- alegan, por el contrario, que es Hamás el que «mantiene cautivos a los palestinos de Gaza» y el que tiene «la responsabilidad primordial de perpetuar el sufrimiento del pueblo de Gaza….». Pero si han caído por la madriguera de conejo de Alice, no nos corresponde al resto de nosotros seguirlos. «Israel, como potencia ocupante», señaló con autoridad la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, «debe levantar el bloqueo, que contraviene… el Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe las penas colectivas e impide la realización de una amplia gama de derechos humanos».

Hamás también ha ofrecido sistemáticamente a Israel una tregua a largo plazo (hudna) a cambio de poner fin al asedio, y ha reiterado esta propuesta en todas las manifestaciones actuales. El 7 de mayo, una semana antes de que Israel matara a tiros a más de sesenta manifestantes en Gaza, Ha’aretz informó que «los líderes de Hamás» habían «transmitido a Israel mensajes que indicaban su voluntad de negociar un alto el fuego a largo plazo» a cambio, entre otras cosas, de «aliviar el asedio…». «Hamas sigue transmitiendo mensajes al sistema de defensa de que sigue interesado en una «hudna'», reveló varios días después un veterano corresponsal militar israelí. «Hamas mismo ha transmitido a Israel el año pasado diferentes versiones de un hudna restringido o más amplio, que incluye no sólo a Gaza sino también a Cisjordania».

El ejército israelí se tomó en serio estas ofertas de alto el fuego: «Hamás, según los servicios de inteligencia, está dispuesto a llegar a un acuerdo». De hecho, un alto oficial del ejército instó a que «ahora es el momento de llegar a un acuerdo con Hamás» para «evitar nuevas rondas de combate». Pero el gobierno de Israel no estaba interesado: las «demandas y condiciones de Hamás nunca han sido discutidas, ya que Israel se niega a hablar con Hamás». El rechazo de Israel a esta medida preliminar pacífica la coloca en una doble violación del derecho internacional: la imposición de un bloqueo ilegal y el recurso ilegal a la fuerza armada cuando no se han agotado los medios pacíficos.

¿Un derecho a los niños envenenados?

Es un principio de derecho que no se pueden derivar derechos de actos ilegales (ex injuria non oritur jus), y es obvio que el derecho a la autodefensa no existe en todas las situaciones. Un violador no puede reclamar el derecho a la defensa propia si la víctima lo golpea. El dueño de un teatro no tiene derecho a la autodefensa si los clientes lo atacan después de que él prende fuego al edificio e impide su escape. La conducta de Israel con respecto a Gaza pertenece a esta categoría de actos que anulan y anulan el derecho a la legítima defensa. Si no fuera así, equivaldría al derecho a utilizar la fuerza militar para mantener una ocupación ilegal agravada por un asedio ilegal.

Si bien es cierto que Israel tiene derecho a utilizar la fuerza para impedir que los habitantes de Gaza rompan su «valla fronteriza», ello se debe a que las disquisiciones aprendidas sobre los tecnicismos de la ley han oscurecido lo que está en juego para los seres humanos.

¿Qué es Gaza?

La estrecha franja costera es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Más del 70 por ciento de sus dos millones de habitantes son refugiados, mientras que más de la mitad -un millón- son niños menores de dieciocho años. Durante más de una década, Israel ha puesto esta pequeña parcela de tierra bajo un asedio devastador. El 50% de la fuerza laboral de Gaza está desempleada, el 80% depende de la ayuda alimentaria internacional y el 96% del agua del grifo está contaminada.

A principios de julio, Israel endureció aún más sus restricciones sobre los bienes permitidos en Gaza y prohibió totalmente las exportaciones; y posteriormente bloqueó la entrada de combustible, causando una emergencia médica, ya que los hospitales, que ya estaban desbordados, tuvieron que cerrar. Según la organización israelí de derechos humanos Gisha, esta «amplia medida de castigo colectivo» constituía un retorno a «los períodos más duros del cierre» y equivalía a una «guerra económica abierta contra la población civil de Gaza». A esto le siguieron a mediados de julio ataques aéreos israelíes contra docenas de objetivos en Gaza.

Israel justificó el endurecimiento del asedio y los ataques aéreos como respuesta a las cometas inflamables que los manifestantes de Gaza lanzaron a través de la valla perimetral. Pero estas llamadas «cometas del terror» han causado una destrucción de la propiedad estimada en 2 millones de dólares y, según fuentes militares israelíes, «no representan una amenaza inmediata o grave». Como informó un corresponsal militar israelí, «el daño psicológico que causan los incendios a lo largo de la frontera es peor que cualquier daño real». «Todos los lloriqueos sobre las cometas me vuelven loco», dijo un oficial israelí de alto rango que se defendía de las cometas. «También es todo lo contrario de lo que se oye de la mayoría de la gente que vive aquí…. La gente dice abiertamente: Nos gusta estar aquí, queremos vivir aquí, a pesar de los incendios».

«No somos terroristas», un barrilete al otro lado de la valla. «Somos una generación sin esperanza ni horizonte que vive bajo un asedio asfixiante, y ese es el mensaje que estamos tratando de enviar al mundo. En Israel, lloran sobre los campos y los bosques que se quemaron. ¿Qué hay de nosotros, que morimos todos los días?» La mayoría de los activistas de barriletes adolescentes se comprometieron a «continuar…». . hasta que …. las demandas del pueblo palestino para que se eliminara el bloqueo» fueran satisfechas.

A finales de julio se restableció parcialmente el statu quo anterior, ya que Israel permitió la entrada de una pequeña cantidad de mercancías en Gaza mientras Hamás controlaba las cometas. Pero hay una gran probabilidad de que se repitan los acontecimientos recientes – protestas no violentas en Gaza, violentas provocaciones israelíes, represalias de Hamás, asedio intensificado – que culminen en otro gran ataque militar israelí, que el ministro de defensa israelí Avigdor Lieberman amenaza con ser «más doloroso que la Operación Borde Protector».

Cuando se produzca la nueva conflagración, y cuando Israel proclame que simplemente está defendiendo su frontera, la respuesta retóricamente correcta es: la valla que separa Gaza de Israel no es más una «frontera» que Gaza es un Estado. El distinguido profesor de la Universidad Hebrea Baruch Kimmerling calificó a Gaza de «campo de concentración», mientras que el ex primer ministro británico David Cameron la calificó de «prisión al aire libre». El consejo editorial de Ha’aretz lo llamó un «gueto», el Economist – un «montón de basura humana», el Comité Internacional de la Cruz Roja – un «barco que se hunde». Gaza es lo que el jefe de derechos humanos de la ONU llamó un «tugurio tóxico», en el que toda una población civil está «enjaulada…. desde el nacimiento hasta la muerte».

¿Tiene Israel derecho a utilizar la fuerza para encerrar al millón de niños y niñas de Gaza en un «gueto» o en un «tugurio tóxico»? ¿No tiene el pueblo de Gaza derecho a liberarse de un «campo de concentración»?

¿Alguien discute ahora si la Alemania nazi utilizó o no la fuerza «excesiva» y «desproporcionada» para reprimir el levantamiento del gueto de Varsovia? ¿Quién se pregunta ahora si la Alemania nazi tenía «derecho a la autodefensa» contra la Organización Judía de Combate, que resistió con las armas en la mano? ¿Son siquiera concebibles estas preguntas?

Podría decirse que Gaza no es el gueto de Varsovia. Pero como reflexionó un periodista israelí que sirvió en Gaza durante la Primera Intifada, «el problema no está en la similitud… sino en que no hay suficiente falta de similitud». La Organización Mundial de la Salud ha declarado que «más de un millón de personas en la Franja de Gaza corren el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua», mientras que un experto israelí predice que Gaza pronto será invadida por epidemias de tifus y cólera como las que diezmaron a los judíos en el Gueto de Varsovia.

El objetivo principal del derecho internacional humanitario es proteger a los civiles de los estragos de la guerra. El objetivo principal del derecho internacional en materia de derechos humanos es proteger la dignidad de las personas. ¿Cómo se puede entonces utilizar cualquiera de estos cuerpos de ley para justificar el uso de la fuerza -cualquier fuerza- que está diseñada para atrapar a los civiles en un infierno en el que están siendo degradados, atormentados y asesinados?

Si, por razones de argumento, se concediera a Israel el derecho legal de usar la fuerza para impedir que el pueblo de Gaza escape de su «prisión», esto simplemente pondría al descubierto la profunda insuficiencia de la ley.

En su desacuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares, el juez Weeramantry señaló la ironía de que, mientras que la ley condena el uso de la bala «dum-dum», la CIJ se retractó al condenar el uso de armas nucleares. «Parecería extraño -escribió- que la expansión dentro del cuerpo de un solo soldado de una sola bala sea una crueldad excesiva que el derecho internacional no ha podido tolerar desde 1899; y que la incineración en un segundo de cien mil civiles no lo sea». El juez Weeramantry procedió a opinar:

Cada rama de conocimiento se beneficia de un proceso de retroceso ocasional y de escrutinio objetivo de anomalías y absurdos. Si una anomalía flagrante o absurdo se hace evidente y permanece incuestionable, esa disciplina corre el riesgo de ser vista como un fracaso en medio de sus propios tecnicismos.

La idea de que Israel tiene derecho a encerrar por la fuerza a un millón de niños en un espacio inhabitable es absurda, y los abogados que debaten si Israel utilizó o no la fuerza «excesiva» para impedir que los habitantes de Gaza escaparan de su gueto se encuentran en medio de tecnicismos.

«Los seres humanos inocentes, la mayoría de ellos jóvenes», ha observado Sara Roy, del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Harvard, «están siendo envenenados lentamente por el agua que beben, y probablemente por el suelo en el que plantan».

La única pregunta moralmente sensata que presenta la situación en Gaza es: ¿Tiene Israel derecho, en nombre de la «autodefensa», a envenenar a un millón de niños?

Es un comentario triste que esta simple cuestión no haya sido eludida, sino que ni siquiera sea visible en el debate actual.

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