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Síndrome del esclavo satisfecho: cuando agradecemos los latigazos

El problema principal del esclavo no son en sí mismas las distintas calamidades que tiene que soportar día tras día por su condición de esclavo sino que es, más bien, la matriz de pensamiento que no le permite cuestionar su esclavitud.

¿Cadenas físicas o mentales?

En el sí de una sociedad dada, podríamos plantearnos lo siguiente: ¿qué es lo peor que le puede pasar a un esclavo?

Uno podría responder que, sin duda alguna, lo peor de la vida de esclavo es, desde luego, la humillación constante y el trato degradante que supone su condición de esclavo. Sin embargo, habría otra posible respuesta: lo peor que le puede pasar a un esclavo es sentirse satisfecho y hasta agradecido de la vida que le ha tocado vivir y del trato que recibe.

Esta satisfacción paradójica propia del neurótico adaptado, no reflexiona acerca del futuro y reduce la complejidad de la vida a la satisfacción inmediata de la rutina diaria. Aunque muchos contemplan esta filosofía de vida del carpe diem como una muestra loable de adaptación y de optimismo, lo cierto es que es una forma más de autoengaño. La trampa cognitiva radica en que el esclavo satisfecho aumenta progresivamente su aceptación resignada de su condición de esclavo; una condición que, a base de hic et nunc, termina por pasar inadvertida por el propio individuo.

Lo que define a un esclavo no son sus amarres físicos y su nula libertad de movimientos sin la expresa autorización de su amo. Ni siquiera lo define los latigazos que recibe.

El problema del esclavo satisfecho con los golpes y latigazos no es el dolor físico que éstos le causan, sino la predisposición psicológica a recibirlos y a naturalizar el ensañamiento del poderoso sobre él.

En consecuencia, la desgracia del esclavo no son tanto las formas situacionales que sufre en su cotidianidad en términos de maltrato físico, sino la asunción del pensamiento del poderoso, que le impide plantearse y por tanto cuestionar su estado de sumisión. Esto conlleva que acepte de forma acrítica las condiciones de vida con una pasividad resignada y sin atisbo de determinación para poder revertir su vida. Si además sumamos una percepción de satisfacción por el trato que se le ofrece en tanto que esclavo, el individuo está condenado a vivir una vida miserable. En este caso, las cadenas no sujetan el cuerpo, sino la mente.

El esclavo satisfecho en la sociedad actual

Es cierto que, en las sociedades actuales, las luchas por los derechos sociales y civiles han ido cimentando algunas leyes que nos protegen de abusos flagrantes como el esclavismo de cadena y látigo. Sin embargo, todavía arrastramos algunos vestigios del sistema esclavista. El sistema socioeconómico y cultural vigente imponen ciertos valores y ejerce una manipulación continua sobre la forma en que pensamos, conduciendo a la aceptación de algunas prácticas que chocan de pleno con el derecho básico de pensar de forma crítica y autónoma.

El esclavismo moderno consiste en que atendemos sin reflexión previa a una serie de rutinas familiares, laborales y sociales. En este día a día frenético, se nos anula la capacidad para tomar la iniciativa ante cuestiones sumamente importantes como el consumo (qué compramos y para qué), la moda (muy relacionada con la imagen de nosotros mismos que queremos proyectar al mundo) y la moralidad (aquellas reflexiones que deberían guiar nuestros actos encaminados hacia fines concretos).

Entre el acriticismo, la pasividad y el carpe diem mal entendido, nuestra mente deja de plantearse ciertas cosas, lo que a la postre significa una resignación pasiva ante las vicisitudes de la vida. De este modo, tal como actuaría un esclavo y por la indefensión aprendida que supone la nula confianza en nuestras posibilidades, acabamos siendo meros espectadores de un statu quo que creemos ubicuo y, por tanto, por sí mismo legítimo.

Jóvenes depresivos y anestesiados

Tal como escribió Álvaro Saval en su artículo «¿Juventud depresiva o juventud anestesiada?», la manipulación de nuestros pensamientos va conformando una cultura fértil para el poder: nos amarra a prejuicios, consignas y estereotipos que paralizan a los jóvenes en un presente carente de esperanza. Aunque el 15-M despertó gran parte de estos jóvenes anestesiados bajo el yugo del pensamiento uniforme de la tecnocracia y el presentismo, la otra mitad sigue habitando un escenario en que la uniformidad de pensamiento, los empleos precarios y los momentos de ocio siguen un patrón idéntico.

En estos círculos, cualquier atisbo de pensamiento independiente o de crítica hacia ciertos usos y costumbres se vilipendia y se excluye sistemáticamente. Así, el miedo a pensar por uno mismo y la autocensura son los obstáculos para escapar de las cadenas y latigazos en el esclavismo moderno. Por supuesto, el sistema saca rédito de este tipo de pensamiento, apuntalando individuos altamente obedientes: trabajadores precarios pero productivos, consumistas sin criterio y, por supuesto, nada críticos con la sociedad ni con las injusticias que sufren aun sin percatarse de ello.

La adolescencia no solo es la etapa en que nuestra personalidad se consolida, sino también es el tiempo de nuestros pensamientos se estructuran y trazan ciertas líneas maestras de nuestra percepción del mundo que nos rodea. La influencia del grupo sobre el adolescente siempre es un factor relevante a la hora de presumir la influencia en el pensamiento uniforme o, por el contrario, en el pensamiento crítico.

Sin cultura crítica, los individuos se muestran incapaces de pensar la realidad por sí mismos. En este sentido, la existencia deja de ser un viaje en busca del bien, la verdad y la felicidad, para convertirse en una sinrazón de espejismos y estereotipos cuya apariencia se revista del bienestar que nos brinda un pensamiento impuesto y asimilado: todo por no tener la valentía de superar a tiempo las cadenas del esclavo.

Israel no tiene derecho a la autodefensa contra Gaza

Desde que comenzaron las manifestaciones, en su inmensa mayoría no violentas, en Gaza el 30 de marzo de 2018, la comunidad internacional ha condenado enérgicamente los ataques armados de Israel: una resolución de la Asamblea General de la ONU «deplora el uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes contra la población civil palestina», mientras que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció el «uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de Israel». Después de que francotiradores israelíes mataran a Razan al-Najjar, una paramédica palestina desarmada de veintiún años de edad, el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz de Oriente Medio advirtió a Israel que «necesita calibrar su uso de la fuerza». En un informe devastador, Human Rights Watch concluyó que «el uso repetido de fuerza letal por parte de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza… contra manifestantes que no representaban una amenaza inminente para la vida puede constituir un crimen de guerra».

Aunque estas condenas son bienvenidas, la cuestión sigue siendo si son suficientes. En pocas palabras, ¿tiene Israel derecho a utilizar la fuerza bajo cualquier circunstancia contra el pueblo de Gaza?

El debate jurídico actual se ha centrado en un par de cuestiones interrelacionadas:

  • ¿Recurrieron los francotiradores israelíes a una fuerza «excesiva» o «desproporcionada» contra los manifestantes (como alegan los críticos), o fue necesaria la cantidad de fuerza que desplegaron para impedir que los manifestantes rompieran la valla perimetral (como alega Israel)?
  • ¿La conducta de Israel hacia las protestas de Gaza se rige por las leyes de derechos humanos (como alegan los críticos) o por el derecho internacional humanitario (como alega Israel)? El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que las normas de derechos humanos regulan la aplicación de la legislación nacional. La diferencia es importante, ya que las normas de derechos humanos imponen limitaciones más estrictas al uso de la fuerza.

Todas las partes en estas dos controversias parten de una premisa común: que Israel tiene derecho a utilizar la fuerza para impedir que los habitantes de Gaza rompan la valla. La disputa se reduce a: ¿cuánto? Los críticos que alegan una fuerza «desproporcionada» o «excesiva» legitiman tácitamente el uso por parte de Israel de una fuerza «proporcionada» o «moderada», mientras que los que insisten en la aplicabilidad de las normas de derechos humanos reconocen que el recurso de Israel a la fuerza es legítimo si los manifestantes representan una «amenaza inminente» para la vida de un francotirador.

Esta presunción se mantiene incluso en el polo más crítico del debate sobre Gaza. El grupo israelí de derechos humanos B’Tselem condena como «ilegal» el recurso de Israel al uso de la fuerza letal contra personas desarmadas «que se acerquen a la valla, la dañen o intenten cruzarla». Pero admitió que » obviamente, a los militares se les permite prevenir tales acciones, e incluso detener a las personas que intentan llevarlas a cabo». Un alto funcionario de Human Rights Watch argumentó que el uso de munición real por parte de Israel en Gaza era «ilegal». Pero sugirió que «los medios no letales, como el gas lacrimógeno, el agua sucia y los perdigones de acero recubiertos de goma» habrían pasado la prueba legal. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió a Israel que «la fuerza letal sólo puede utilizarse como último recurso y cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida». Incluso las principales organizaciones palestinas de derechos humanos caracterizaron el uso de la fuerza por parte de Israel como «excesivo», «indiscriminado» y «desproporcionado» en lugar de ser intrínsecamente ilegal.

Pero el hecho es que Israel no puede reclamar el derecho a usar cualquier fuerza en Gaza, ya sea moderada o excesiva, proporcionada o desproporcionada; ya sea que los manifestantes estén desarmados o armados, no lo estén o representen una amenaza inminente para la vida. Si parece lo contrario, es porque el debate actual ignora las advertencias críticas del derecho internacional y se abstrae de la situación específica de Gaza.

Lo que dice el derecho internacional

Para justificar el uso de la fuerza en Gaza, Israel reivindica el derecho a impedir la entrada de extranjeros en su territorio soberano. Un comentarista jurídico israelí observa que esta supuesta preocupación por la santidad de la «frontera» de Gaza es oportunamente selectiva. Israel invade Gaza a voluntad; sólo cuando los palestinos intentan cruzar en la otra dirección, la valla se convierte en sacrosanta. Dejando de lado esta hipocresía, el supuesto derecho de Israel a la autodefensa carece todavía de base legal. Por el contrario, el recurso de Israel a la fuerza contraviene el derecho internacional.

El pueblo palestino en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y Gaza, está luchando por alcanzar su «derecho a la autodeterminación», validado internacionalmente (Corte Internacional de Justicia). Como señala James Crawford, el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza militar «por una potencia administradora para reprimir la insurrección popular generalizada en una unidad de autodeterminación», mientras que «el uso de la fuerza por parte de una entidad no estatal en el ejercicio de un derecho a la autodeterminación es jurídicamente neutro, es decir, no está regulado por el derecho internacional en absoluto».

Los manifestantes de Gaza han optado por la no violencia en la búsqueda de sus derechos validados internacionalmente, una táctica que, por supuesto, el derecho internacional tampoco prohíbe. Pero esta decisión prudencial no es un requisito legal. Incluso si los habitantes de Gaza optaran por utilizar armas contra francotiradores israelíes que obstruyen su derecho a la libre determinación, el recurso de Israel a la fuerza militar seguiría estando legalmente prohibido.

La asignación de derechos y obligaciones en el discurso occidental estándar -que otorga efectivamente a Israel el derecho a utilizar la fuerza violenta en defensa propia contra los habitantes de Gaza, aun cuando obliga al pueblo de Gaza a librar sin violencia su lucha por la autodeterminación- da un vuelco al derecho internacional.

Cabe objetar que, en la medida en que Israel es un ocupante beligerante en Gaza, tiene derecho, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, a utilizar la fuerza para mantener el orden público. Pero esta objeción se basa en tres argumentos.

En primer lugar, el Cuarto Convenio de Ginebra obliga a un ocupante beligerante a mantener y garantizar el bienestar de la población ocupada. De hecho, la «Protección de las personas civiles en tiempo de guerra» es la razón de ser de la Convención. Israel, sin embargo, ha sometido a la población civil de Gaza a un prolongado asedio que equivale a un «castigo colectivo» ilegal, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que ha hecho que Gaza sea físicamente «inhabitable», según la ONU. El Cuarto Convenio de Ginebra no apoya el derecho de Israel a preservar el orden en Gaza, incluso cuando viola flagrantemente su obligación complementaria de proteger el bienestar de la población civil de Gaza. De hecho, el desorden que Israel reclama el derecho a reprimir directamente se deriva del bloqueo criminal que ha impuesto.

En segundo lugar, aunque Israel calificara de ocupante beligerante en Gaza, el derecho de un pueblo a la libre determinación es una norma imperativa (jus cogens) del derecho internacional que no admite derogación. Si, como en este caso, la ley de la ocupación beligerante se superpone con el derecho a la libre determinación, entonces el derecho de Gaza a la libre determinación prevalece sobre el derecho de Israel a mantener el orden; y si, como en este caso, la lucha por la libre determinación se libra sin violencia, entonces el supuesto derecho de Israel a utilizar la fuerza armada para mantener el orden está manifiestamente infundado.

En tercer lugar, de hecho, la ocupación de Gaza por parte de Israel se ha convertido en ilegal y, en consecuencia, ha perdido sus derechos como ocupante beligerante. La Corte Internacional de Justicia dictaminó en 1971 que, como Sudáfrica se había negado a celebrar negociaciones de buena fe para poner fin a su ocupación de Namibia, esa ocupación se había convertido en ilegal. El hecho de que Israel se haya negado durante más de medio siglo a celebrar negociaciones de buena fe sobre la base del derecho internacional para retirarse de la Ribera Occidental, incluida Jerusalén oriental, y de que Gaza también haya deslegitimado su ocupación.

También hay otra dimensión legal crítica que ha sido ignorada. Es un principio fundamental del derecho internacional que ningún Estado puede recurrir a medidas enérgicas a menos que se hayan agotado los «medios pacíficos» (Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2). Este principio es tan sagrado para el estado de derecho como el análogo juramento hipocrático, primum non nocere (primero, no hacer daño), lo es para la medicina. El impulso detrás de las protestas en la valla perimetral de Gaza es el asedio ilegal de Israel, y su objetivo es ponerle fin. Incluso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu concedió: «Se están asfixiando económicamente, y por lo tanto, decidieron estrellarse contra la valla.»

Si Israel quiere proteger su frontera, no necesita recurrir a la coerción letal o no letal. Sólo tiene que levantar el asedio. El equipo A del presidente estadounidense Donald Trump sobre la diplomacia en Oriente Medio -el yerno Jared Kushner, el ex abogado de quiebras David Friedman, el ex asesor jurídico de la Organización Trump Jason Greenblatt y el ex gobernador de Carolina del Sur Nikki Haley- alegan, por el contrario, que es Hamás el que «mantiene cautivos a los palestinos de Gaza» y el que tiene «la responsabilidad primordial de perpetuar el sufrimiento del pueblo de Gaza….». Pero si han caído por la madriguera de conejo de Alice, no nos corresponde al resto de nosotros seguirlos. «Israel, como potencia ocupante», señaló con autoridad la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, «debe levantar el bloqueo, que contraviene… el Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe las penas colectivas e impide la realización de una amplia gama de derechos humanos».

Hamás también ha ofrecido sistemáticamente a Israel una tregua a largo plazo (hudna) a cambio de poner fin al asedio, y ha reiterado esta propuesta en todas las manifestaciones actuales. El 7 de mayo, una semana antes de que Israel matara a tiros a más de sesenta manifestantes en Gaza, Ha’aretz informó que «los líderes de Hamás» habían «transmitido a Israel mensajes que indicaban su voluntad de negociar un alto el fuego a largo plazo» a cambio, entre otras cosas, de «aliviar el asedio…». «Hamas sigue transmitiendo mensajes al sistema de defensa de que sigue interesado en una «hudna'», reveló varios días después un veterano corresponsal militar israelí. «Hamas mismo ha transmitido a Israel el año pasado diferentes versiones de un hudna restringido o más amplio, que incluye no sólo a Gaza sino también a Cisjordania».

El ejército israelí se tomó en serio estas ofertas de alto el fuego: «Hamás, según los servicios de inteligencia, está dispuesto a llegar a un acuerdo». De hecho, un alto oficial del ejército instó a que «ahora es el momento de llegar a un acuerdo con Hamás» para «evitar nuevas rondas de combate». Pero el gobierno de Israel no estaba interesado: las «demandas y condiciones de Hamás nunca han sido discutidas, ya que Israel se niega a hablar con Hamás». El rechazo de Israel a esta medida preliminar pacífica la coloca en una doble violación del derecho internacional: la imposición de un bloqueo ilegal y el recurso ilegal a la fuerza armada cuando no se han agotado los medios pacíficos.

¿Un derecho a los niños envenenados?

Es un principio de derecho que no se pueden derivar derechos de actos ilegales (ex injuria non oritur jus), y es obvio que el derecho a la autodefensa no existe en todas las situaciones. Un violador no puede reclamar el derecho a la defensa propia si la víctima lo golpea. El dueño de un teatro no tiene derecho a la autodefensa si los clientes lo atacan después de que él prende fuego al edificio e impide su escape. La conducta de Israel con respecto a Gaza pertenece a esta categoría de actos que anulan y anulan el derecho a la legítima defensa. Si no fuera así, equivaldría al derecho a utilizar la fuerza militar para mantener una ocupación ilegal agravada por un asedio ilegal.

Si bien es cierto que Israel tiene derecho a utilizar la fuerza para impedir que los habitantes de Gaza rompan su «valla fronteriza», ello se debe a que las disquisiciones aprendidas sobre los tecnicismos de la ley han oscurecido lo que está en juego para los seres humanos.

¿Qué es Gaza?

La estrecha franja costera es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Más del 70 por ciento de sus dos millones de habitantes son refugiados, mientras que más de la mitad -un millón- son niños menores de dieciocho años. Durante más de una década, Israel ha puesto esta pequeña parcela de tierra bajo un asedio devastador. El 50% de la fuerza laboral de Gaza está desempleada, el 80% depende de la ayuda alimentaria internacional y el 96% del agua del grifo está contaminada.

A principios de julio, Israel endureció aún más sus restricciones sobre los bienes permitidos en Gaza y prohibió totalmente las exportaciones; y posteriormente bloqueó la entrada de combustible, causando una emergencia médica, ya que los hospitales, que ya estaban desbordados, tuvieron que cerrar. Según la organización israelí de derechos humanos Gisha, esta «amplia medida de castigo colectivo» constituía un retorno a «los períodos más duros del cierre» y equivalía a una «guerra económica abierta contra la población civil de Gaza». A esto le siguieron a mediados de julio ataques aéreos israelíes contra docenas de objetivos en Gaza.

Israel justificó el endurecimiento del asedio y los ataques aéreos como respuesta a las cometas inflamables que los manifestantes de Gaza lanzaron a través de la valla perimetral. Pero estas llamadas «cometas del terror» han causado una destrucción de la propiedad estimada en 2 millones de dólares y, según fuentes militares israelíes, «no representan una amenaza inmediata o grave». Como informó un corresponsal militar israelí, «el daño psicológico que causan los incendios a lo largo de la frontera es peor que cualquier daño real». «Todos los lloriqueos sobre las cometas me vuelven loco», dijo un oficial israelí de alto rango que se defendía de las cometas. «También es todo lo contrario de lo que se oye de la mayoría de la gente que vive aquí…. La gente dice abiertamente: Nos gusta estar aquí, queremos vivir aquí, a pesar de los incendios».

«No somos terroristas», un barrilete al otro lado de la valla. «Somos una generación sin esperanza ni horizonte que vive bajo un asedio asfixiante, y ese es el mensaje que estamos tratando de enviar al mundo. En Israel, lloran sobre los campos y los bosques que se quemaron. ¿Qué hay de nosotros, que morimos todos los días?» La mayoría de los activistas de barriletes adolescentes se comprometieron a «continuar…». . hasta que …. las demandas del pueblo palestino para que se eliminara el bloqueo» fueran satisfechas.

A finales de julio se restableció parcialmente el statu quo anterior, ya que Israel permitió la entrada de una pequeña cantidad de mercancías en Gaza mientras Hamás controlaba las cometas. Pero hay una gran probabilidad de que se repitan los acontecimientos recientes – protestas no violentas en Gaza, violentas provocaciones israelíes, represalias de Hamás, asedio intensificado – que culminen en otro gran ataque militar israelí, que el ministro de defensa israelí Avigdor Lieberman amenaza con ser «más doloroso que la Operación Borde Protector».

Cuando se produzca la nueva conflagración, y cuando Israel proclame que simplemente está defendiendo su frontera, la respuesta retóricamente correcta es: la valla que separa Gaza de Israel no es más una «frontera» que Gaza es un Estado. El distinguido profesor de la Universidad Hebrea Baruch Kimmerling calificó a Gaza de «campo de concentración», mientras que el ex primer ministro británico David Cameron la calificó de «prisión al aire libre». El consejo editorial de Ha’aretz lo llamó un «gueto», el Economist – un «montón de basura humana», el Comité Internacional de la Cruz Roja – un «barco que se hunde». Gaza es lo que el jefe de derechos humanos de la ONU llamó un «tugurio tóxico», en el que toda una población civil está «enjaulada…. desde el nacimiento hasta la muerte».

¿Tiene Israel derecho a utilizar la fuerza para encerrar al millón de niños y niñas de Gaza en un «gueto» o en un «tugurio tóxico»? ¿No tiene el pueblo de Gaza derecho a liberarse de un «campo de concentración»?

¿Alguien discute ahora si la Alemania nazi utilizó o no la fuerza «excesiva» y «desproporcionada» para reprimir el levantamiento del gueto de Varsovia? ¿Quién se pregunta ahora si la Alemania nazi tenía «derecho a la autodefensa» contra la Organización Judía de Combate, que resistió con las armas en la mano? ¿Son siquiera concebibles estas preguntas?

Podría decirse que Gaza no es el gueto de Varsovia. Pero como reflexionó un periodista israelí que sirvió en Gaza durante la Primera Intifada, «el problema no está en la similitud… sino en que no hay suficiente falta de similitud». La Organización Mundial de la Salud ha declarado que «más de un millón de personas en la Franja de Gaza corren el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua», mientras que un experto israelí predice que Gaza pronto será invadida por epidemias de tifus y cólera como las que diezmaron a los judíos en el Gueto de Varsovia.

El objetivo principal del derecho internacional humanitario es proteger a los civiles de los estragos de la guerra. El objetivo principal del derecho internacional en materia de derechos humanos es proteger la dignidad de las personas. ¿Cómo se puede entonces utilizar cualquiera de estos cuerpos de ley para justificar el uso de la fuerza -cualquier fuerza- que está diseñada para atrapar a los civiles en un infierno en el que están siendo degradados, atormentados y asesinados?

Si, por razones de argumento, se concediera a Israel el derecho legal de usar la fuerza para impedir que el pueblo de Gaza escape de su «prisión», esto simplemente pondría al descubierto la profunda insuficiencia de la ley.

En su desacuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares, el juez Weeramantry señaló la ironía de que, mientras que la ley condena el uso de la bala «dum-dum», la CIJ se retractó al condenar el uso de armas nucleares. «Parecería extraño -escribió- que la expansión dentro del cuerpo de un solo soldado de una sola bala sea una crueldad excesiva que el derecho internacional no ha podido tolerar desde 1899; y que la incineración en un segundo de cien mil civiles no lo sea». El juez Weeramantry procedió a opinar:

Cada rama de conocimiento se beneficia de un proceso de retroceso ocasional y de escrutinio objetivo de anomalías y absurdos. Si una anomalía flagrante o absurdo se hace evidente y permanece incuestionable, esa disciplina corre el riesgo de ser vista como un fracaso en medio de sus propios tecnicismos.

La idea de que Israel tiene derecho a encerrar por la fuerza a un millón de niños en un espacio inhabitable es absurda, y los abogados que debaten si Israel utilizó o no la fuerza «excesiva» para impedir que los habitantes de Gaza escaparan de su gueto se encuentran en medio de tecnicismos.

«Los seres humanos inocentes, la mayoría de ellos jóvenes», ha observado Sara Roy, del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Harvard, «están siendo envenenados lentamente por el agua que beben, y probablemente por el suelo en el que plantan».

La única pregunta moralmente sensata que presenta la situación en Gaza es: ¿Tiene Israel derecho, en nombre de la «autodefensa», a envenenar a un millón de niños?

Es un comentario triste que esta simple cuestión no haya sido eludida, sino que ni siquiera sea visible en el debate actual.

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